Más de veinte países de América Latina y el Caribe firmaron la Declaración de Santo Domingo, la meta: ponerse de acuerdo, como región, sobre los límites éticos de la inteligencia artificial antes de que cada país los defina por su cuenta. Es la tercera vez que la región lo intenta.
El 26 de junio de 2026, más de veinte países de América Latina y el Caribe firmaron en Santo Domingo un documento con un nombre nada rebuscado: la «Declaración de Santo Domingo», y una ambición considerable: ponerse de acuerdo, como región, sobre los límites éticos de la inteligencia artificial antes de que cada país los defina por su cuenta y de forma incompatible entre sí. Es la tercera vez que la región lo intenta. La pregunta que vale la pena hacerse no es si el documento es bienintencionado, ya que lo es, sino si esta vez va a traducirse en algo más que una hoja de ruta con buenas intenciones.
Una cumbre con genealogía propia
La reunión en Santo Domingo no nació de la nada. Es la continuación de un proceso que empezó en Santiago de Chile en 2023 y siguió en Montevideo en 2024: la Cumbre Ministerial y de Altas Autoridades sobre la Ética de la Inteligencia Artificial, organizada por UNESCO junto con CAF —el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe— y, en esta tercera edición, el gobierno dominicano a través de su Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (OGTIC). Esa continuidad importa: no es un evento aislado convocado para la foto, sino el tercer capítulo de un mecanismo que ya tiene dos antecedentes y, a partir de esta edición, una presidencia rotativa formal.
Más de veinte delegaciones —entre ellas Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, México, Perú, Uruguay y Venezuela, junto con varias naciones del Caribe— firmaron el documento final los días 25 y 26 de junio. República Dominicana asumió, como resultado de la cumbre, la Presidencia Pro Tempore del mecanismo regional para el período 2026-2027.
Qué contiene la declaración
El texto aprobado establece una Hoja de Ruta Regional sobre Inteligencia Artificial Ética para 2026-2027, articulada en cinco ejes: gobernanza y regulación, talento y futuro del trabajo, protección de grupos vulnerables, medioambiente y sostenibilidad frente al cambio climático, e infraestructura. Es, en esencia, un intento de traducir la Recomendación de UNESCO sobre la Ética de la Inteligencia Artificial —un marco global, voluntario y de 2021— en compromisos concretos y regionales, con calendario y liderazgo definidos.
Las intervenciones durante la cumbre revelan el encuadre con el que la región decidió abordar el tema. La vicepresidenta dominicana, Raquel Peña, insistió en un enfoque «centrado en el ser humano». El vicepresidente corporativo de CAF, Christian Asinelli, fue más explícito sobre la apuesta de fondo: describió la IA como «un nuevo asunto social», no solo una tecnología que cambia la productividad, sino una que redefine el acceso a oportunidades, empleo, democracia y paz. Esa formulación —IA como cuestión social antes que como cuestión técnica— es el hilo conductor de toda la declaración.
Por qué Santo Domingo y no otra capital
Que República Dominicana haya asumido la presidencia del mecanismo no es un detalle protocolar menor. El país llegó a la cumbre con un capítulo propio en construcción: además de firmar el documento regional, anunció la próxima aprobación de un Código de Ética de Inteligencia Artificial nacional, desarrollado con participación de sociedad civil, sector público, sector privado y academia, e inspirado explícitamente en el marco de UNESCO. Asumir el liderazgo regional mientras se redacta la propia normativa interna es una señal de que Santo Domingo busca posicionarse como referente de gobernanza de IA en el Caribe y Centroamérica, un espacio donde, hasta ahora, ni México ni Brasil habían ejercido ese rol de forma tan visible.
También participó en la cumbre el embajador de la Unión Europea ante República Dominicana, Raúl Fuentes, quien ofreció trabajar con la región no solo en principios compartidos sino en «soluciones prácticas», enmarcando la cooperación dentro de la Alianza Digital UE-América Latina y el Caribe. Esa presencia europea en un foro liderado por UNESCO y CAF sugiere que la declaración también funciona como una plataforma de alineamiento con el modelo regulatorio europeo —basado en principios éticos y gobernanza de riesgo— frente a otros modelos que están emergiendo en paralelo en el mundo.
El contraste que da contexto: Beijing, tres semanas después
Vale la pena situar Santo Domingo junto a otro anuncio casi simultáneo: el 16 de julio, veintinueve países —entre ellos Rusia, Bielorrusia, Cuba, Brasil, Venezuela y un bloque de naciones africanas y asiáticas— firmaron en Beijing el acuerdo fundacional de la World AI Cooperation Organization, una iniciativa impulsada por China para la cooperación y gobernanza global de IA. Son procesos distintos, con propósitos distintos —uno es una declaración ética regional respaldada por UNESCO, el otro es un organismo intergubernamental impulsado por un solo país— pero comparten protagonistas: Cuba, Brasil y Venezuela aparecen firmando ambos documentos en el lapso de tres semanas.
Esa doble membresía no es necesariamente contradictoria, pero sí retrata el momento: la gobernanza global de la IA se está construyendo en paralelo, desde distintos centros de gravedad —UNESCO y la órbita europea por un lado, China por otro— y varios países de América Latina están decidiendo participar en ambos tableros a la vez, en lugar de elegir uno.
El límite de fondo: de la declaración a la aplicación
El riesgo estructural de este tipo de acuerdos no es la falta de voluntad política —la cumbre demuestra que existe, y en niveles crecientes de institucionalización, con presidencia rotativa incluida— sino la distancia entre firmar una hoja de ruta regional y que cada uno de los más de veinte países firmantes la traduzca en legislación nacional efectiva. La región tiene marcos regulatorios de IA en estados muy distintos de madurez: algunos países ya tienen anteproyectos de ley avanzados, otros apenas están formando los equipos técnicos para redactarlos. Una declaración regional puede fijar el rumbo y dar cobertura política a los rezagados, pero no sustituye el trabajo, mucho más lento y desigual, de que cada Congreso, cada regulador sectorial y cada agencia de protección de datos convierta esos cinco ejes en normas exigibles.
El verdadero indicador de si Santo Domingo 2026 fue un punto de inflexión o un ejercicio diplomático más se sabrá en el próximo capítulo de esta misma cumbre —previsiblemente en 2027—, cuando toque revisar cuántos de los veinte países firmantes avanzaron realmente en gobernanza, protección de grupos vulnerables e infraestructura, y cuántos se quedaron en la fotografía de familia.
